Varios dirigentes de San Lorenzo deberán declarar en la justicia
El Ministerio Público Fiscal estableció los hechos que serán investigados y delimitó el alcance de las responsabilidades que podrían corresponder a los dirigentes.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avanzó formalmente en una causa penal que involucra a integrantes de la Comisión Directiva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Entre ellos se encuentran: Marcelo Moretti, Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martin Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Carina Farías, Alejandro Tamer y Mateo Sagardoy.
La investigación quedó registrada bajo el número MPF 1266226 y es instruida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, especializada en investigaciones complejas. El decreto fue dictado conforme al artículo 92 de la Ley 2303 y al artículo 99 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objeto de la causa es determinar si miembros de la Comisión Directiva incumplieron obligaciones estatutarias inherentes a sus cargos y si desobedecieron una resolución judicial vinculada a la vida institucional del club.
La resolución judicial y la falta de convocatoria
Según surge del decreto fiscal, el 3 de octubre de 2025 la Cámara en lo Civil – Sala B dictó una resolución en el expediente “Moretti, Marcelo Luis Ángel c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro s/ Medidas Precautorias”. En ese fallo se dispuso la convocatoria a una reunión de Comisión Directiva dentro del plazo de quince días.
La finalidad de esa reunión era tratar cuestiones pendientes vinculadas al funcionamiento institucional del club, en el marco de lo previsto por el artículo 6 del Código Civil y Comercial. La resolución fue notificada a los integrantes de la Comisión Directiva el 9 de octubre de 2025.
De acuerdo con la Fiscalía, los dirigentes no dieron cumplimiento a esa orden judicial. Tampoco habrían respondido a las reiteradas intimaciones formuladas por la Comisión Fiscalizadora del club, que exigía la convocatoria a una reunión extraordinaria para dar cumplimiento a la manda judicial.
Incumplimientos estatutarios bajo investigación
El decreto fiscal detalla una serie de conductas que serán analizadas en el marco de la causa. Entre ellas, se menciona la falta de pago de obligaciones contractuales con jugadores del plantel profesional de fútbol.
También se investiga la no renovación de contratos de futbolistas de las divisiones inferiores, disciplina que el propio documento identifica como el principal activo patrimonial de la institución.
Otro eje de la investigación es la falta de respuesta a los requerimientos de documentación formulados por la Comisión Fiscalizadora, órgano de control interno del club. Según la Fiscalía, esas omisiones habrían impedido la correcta fiscalización de la administración.
El decreto sostiene además que la gestión del club se mantuvo en una situación de opacidad contable, generando un contexto que podría haber facilitado la asunción de compromisos económicos sin respaldo documental.
Asimismo, se señala la no presentación de los balances correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, pese a la obligación estatutaria y legal de hacerlo y a los requerimientos formales del órgano de contralor.
Para el Ministerio Público Fiscal, el conjunto de estos hechos podría haber perjudicado los intereses del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y puesto en riesgo su patrimonio social.
Posibles delitos y citación a indagatoria
Los hechos descriptos fueron encuadrados de manera provisoria en los delitos previstos en los artículos 239 y 173 inciso 7 del Código Penal. El primero refiere a la desobediencia a la autoridad y el segundo a la administración fraudulenta.
En ese marco, la Fiscalía resolvió citar a indagatoria a nueve integrantes de la Comisión Directiva, entre ellos el presidente, vicepresidentes y autoridades ejecutivas del club. La audiencia fue fijada para el 16 de diciembre de 2025.
Los citados deberán comparecer ante la sede de la Fiscalía, donde se les informarán los hechos que se les imputan y las pruebas reunidas en su contra. En caso de incomparecencia injustificada, el decreto prevé la posibilidad de conducción por la fuerza pública.
El Ministerio Público Fiscal informó además que los imputados cuentan con el derecho a designar abogado defensor y a ser asistidos por la defensa oficial en caso de no hacerlo.
